Cuando la ley impone a un funcionario de Hacienda un deber claro y no discrecional —como certificar o procesar determinada información en los términos que la norma exige—, la negativa a hacerlo puede impugnarse mediante mandamus, del mismo modo que ocurre con otros funcionarios federales. Este tipo de casos, menos conocidos que los grandes precedentes constitucionales, muestran la aplicación cotidiana del recurso frente a la administración federal.
¿Este caso se parece a tu situación?
Solicitar orientación gratuitaLa lógica es la misma que después heredaron los casos migratorios: no importa qué agencia sea —Hacienda, USCIS, el Departamento de Estado—, si la ley le impone un deber de actuar sobre el que no tiene margen de discreción, un tribunal federal puede obligarla a cumplirlo mediante un mandamus, aunque no pueda decidir por ella cuál debe ser el resultado.
Actualización (06/10/2026). La exigencia de un deber claro sigue siendo decisiva, como mostró Mullin v. Al Otro Lado (2026), al igual que la lectura de las exclusiones de revisión en Mullin v. Doe (2026).
Para profundizar
- El procedimiento del artículo 78 en Nueva York (en inglés). Cómo se exige un deber ministerial en los tribunales del estado de Nueva York.
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